Diversas experiencias comparadas demuestran que avanzar hacia procesos de diálogo y acuerdos concertados con la participación de los pueblos indígenas interesados abordando los temas de fondo de sus demandas, han contribuido cuando no a superar a revertir situaciones de enfrentamiento y conflictividad, y a avanzar en el reconocimiento de sus derechos, permitiendo nuevas formas de convivencia y relación intercultural entre los Estados y los pueblos indígenas.

Algunas de estas experiencias en la región son de larga data, como el acuerdo alcanzado entre el Estado de Nicaragua y los pueblos indígenas de la Costa Caribe, mediante el cual estos últimos lograron su autonomía del gobierno central, luego de un proceso de lucha y organización de tres años que culminó con el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley de Autonomía, 1987). Tras este acuerdo, Nicaragua se convirtió en el primer país en reconocer en su Constitución Política a los pueblos indígenas y en contar con leyes de autonomía para sus poblaciones originarias.

Otros de ellos, han reconocido las demandas históricas de estos pueblos en relación al territorio, como el caso de Pueblo Tūhoe y la Corona de Nueva Zelanda a través del Acta de “Te Urewera”, acuerdo con el cual se transfirió la gestión del Parque Nacional Urewera -que se emplaza en proporción mayoritaria en sus tierras ancestrales- a una nueva junta, administrada en conjunto por la Corona y el Pueblo Tūhoe. Lo anterior, permitió a los Tühoe ejecutar sus propios servicios sociales, incluida la asistencia sanitaria y la educación.

Existen también casos en los que se ha reconocido jurisdicción conjunta a las diversas naciones que coexisten dentro de un territorio, como el alcanzado por la Nación Cree y el Gobierno de la Provincia de Quebec a través del acuerdo de “La Paz de los Bravos”, que puso término a décadas de conflictos y litigios judiciales entre los Cree y el gobierno de Quebec, y que corresponde a un acuerdo de “nación a nación” que estableció una jurisdicción conjunta entre dicho gobierno y los Cree en los siete municipios de James Bay y los territorios circundantes. El acuerdo permitió además negociar a la Nación Cree su consentimiento para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en estos territorios, a condición de que no se ejecutara un mega-proyecto de derivación de tres importantes ríos de James Bay.

Finalmente, tras los dramáticos enfrentamientos de Bagua en Perú entre pueblos indígenas de la amazonia y efectivos policiales, a raíz de la dictación de un paquete de decretos inconsultos que afectaban los territorios ancestrales y recursos de estos pueblos, en los que fallecieron 33 personas y más de 200 resultaron heridas, destaca el proceso de diálogo institucionalizado al que arribaron el Estado Peruano y los pueblos afectados, que incluyó el establecimiento de cuatro mesas de trabajo: una comisión investigadora de los sucesos de Bagua, una mesa para el análisis de los decretos por los que se iniciaron las protestas y para la formulación de una propuesta de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una mesa para la elaboración de una propuesta de Ley de Consulta a los pueblos indígenas, y una mesa para la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Amazónico. Permitiendo que de este proceso surgieran los principales aportes para dos leyes importantísimas para estos pueblos indígenas, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Consulta previa.