Una política errática y contradictoria

Las políticas impulsadas por el Estado para abordar las múltiples situaciones de discriminación –territorial, económica y política– de los pueblos indígenas han sido erráticas, y muchas veces contradictorias.

La mayor parte de los esfuerzos del Estado se han centrado en la política de tierras indígenas. Dicha política ha considerado la adquisición de tierras particularmente en el caso del pueblo mapuche, en el mercado y a precios especulativos. Por otro lado, esta política se ha centrado fundamentalmente en tierras sobre las que el Estado ya había otorgado títulos de propiedad al pueblo mapuche y de las cuales habían sido privados, sin considerar las tierras de ocupación tradicional, las que de conformidad con el Convenio 169 constituyen tierras de propiedad indígena, y que hoy se encuentran en poder de empresas forestales, tierras sobre las que se centran muchas reivindicaciones indígenas.

El Estado además, tal como se señaló anteriormente, ha promovido la inversión extractiva y productiva en las tierras de propiedad y reivindicadas por los pueblos indígenas, sin considerar los derechos que estos tienen sobre las mismas y los recursos que en ellas se encuentran. Tales proyectos son impuestos sin procesos de consulta adecuados, menos aun con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Los impactos ambientales y sociales de estos proyectos han generado el malestar y la protesta social de las comunidades. Y lejos de generar bienestar, las zonas de población indígena son las de mayor pobreza del país, como es el caso de la Araucanía.

Hasta ahora, desde los distintos gobiernos han privilegiado un abordaje de la situación de conflictividad basado en un enfoque policial y de persecución judicial, de avanzar hacia mejores formas de relacionamiento y diálogo, donde se promuevan, garanticen y reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Situación que lejos de aportar a su resolución, contribuye a profundizar el deterioro de una relación tensada por causas históricas y presentes y a que escale aún más la violencia en aquellas zonas donde se concentra la demanda territorial y la protesta social mapuche contra proyectos extractivos, afectando tanto a personas indígenas como población en general.

La criminalización de la protesta mapuche, ha incluido también actos reiterados de violencia policial y masivos operativos de allanamientos a sus comunidades, con especial afectación a mujeres y niños, denuncias de tortura, el uso de armas de fuego por la policía donde también han resultado heridos niños, y el asesinato de personas mapuche por efectivos policiales que han quedado en la impunidad tanto en la justicia militar como en la justicia penal ordinaria.

Estas formas de resolución por parte del Estado, además de ahondar los contextos de conflictividad, alejan la posibilidad de que prime un diálogo profundo basado en un enfoque de derechos humanos, que reconozca al pueblo mapuche como un interlocutor. Por el contrario, los compromisos que se han contraído por parte del Estado ante el reclamo de estos pueblos, de organizaciones nacionales de derechos humanos e indígenas y de organismos internacionales, no se han cumplido, como los formulados por Michelle Bachelet respecto a no invocar la ley antiterrorista contra personas mapuche o la modificación de los decretos inconsultos sobre consulta previa dejados por la administración de Sebastián Piñera. Tampoco se han materializado ninguna de las promesas sobre institucionalidad en materia, largamente esperadas, las que incluso han planteado la posibilidad de un Ministerio de Asuntos de Indígenas. Siendo la buena fe y la confianza, elementos centrales para cualquier diálogo que se emprenda.

Las convocatorias a diálogo que han sido impulsadas por los distintos gobiernos, si bien han sido acogidas por los pueblos indígenas que han participado en ellas, no han generado los resultados esperados. Ello es consecuencia de la manera en que estas instancias han sido concebidas, sin respetar la autorepresentación en ella de los pueblos indígenas, como en el caso de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía. Las conclusiones de estos procesos de diálogos y comisiones tampoco han sido implementadas desde el Estado. Así por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sigue aún pendiente. Las formas de institucionalidad propuestas, para reemplazar a la agotada Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, como el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y el Ministerio de Asuntos Indígenas, siguen sin crearse. Lo mismo ocurre con los asientos especiales en el Congreso Nacional.

El proceso constituyente, que a través del proceso de consulta indígena constituyente verificado el 2017, generó expectativas de un reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos colectivos, y de Chile como estado plurinacional, quedó frustrado. Ello tanto al no incorporarse las demandas de los pueblos indígenas en el texto enviado por la ex Presidenta Bachelet al Congreso, como al congelarse este proceso por la nueva administración.

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