La relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, marcada por la creciente conflictividad en la zona centro sur del país, en territorio ancestral del Pueblo Mapuche, lejos de avanzar hacia mejores formas de relacionamiento y diálogo, se ha agudizado y escalado a grados de violencia altamente preocupantes.

Las causas históricas de este conflicto radican en el despojo y ocupación de sus tierras y territorios por parte del Estado, una realidad que no ha sido visibilizada ni abordada apropiadamente, más allá de políticas que apuntan en ese sentido. Tal como fuera señalado por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada por el ex Presidente Ricardo Lagos en enero de 2001, en su informe final en octubre de 2003:

“el territorio nacional se estableció en aquellos espacios sobre los que el Estado no tenía control ni ejercía soberanía […]. Una clara política expansionista del Estado chileno, permitió la ocupación definitiva de los territorios indígenas: el sometimiento del territorio mapuche a fines del siglo XIX; la anexión de las tierras aymaras, atacameñas y quechuas, como resultado de la Guerra del Pacífico, a través de la cual Chile disputó a Perú y Bolivia los territorios del extremo norte; la incorporación de Isla de Pascua a la soberanía del Estado Chileno en 1888, y; finalmente, la política de otorgamiento de enormes concesiones que el Estado desarrolló para hacer ocupación definitiva del extremo austral; Chile, quedando las poblaciones indígenas diversas y numerosas que lo habitaban desde antiguo, bajo la jurisdicción de un Estado a cuya constitución no habían sido invitados sino para formar parte de sus mitos y relatos fundadores.” (CVHNT 2003, Conclusiones y Recomendaciones).

En el caso del pueblo mapuche, el Estado chileno confinó a sus integrantes en un 6% de su territorio ancestral, en 3000 reducciones. A lo largo del Siglo XX impulso su división forzada y posterior enajenación a privados, lo que redujo aún más su base territorial. Durante la dictadura intentó eliminar su protección como tierras indígenas y terminar con el proceso divisorio de las tierras comunales.

Las conclusiones y propuestas del Informe de dicha Comisión sentaban las bases para un relacionamiento basadas en el reconocimiento de dicho proceso usurpatorio. Sin embargo, su difusión no tuvo gran trascendencia, y ninguno de sus postulados llegó a materializarse. Por otra parte, la política de restitución de tierras contenida en la Ley N°21.045 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo indígena y que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (1993), conocida como Ley indígena, ha resultado ser parcial, errática e insuficiente en los recursos destinados, abriendo nuevas aristas en este conflicto.

Del mismo modo, la proliferación de proyectos extractivos ha impactado a todos los pueblos indígenas del país. En el caso del norte de Chile los proyectos mineros afectan las tierras, aguas y en general ecosistemas de los pueblos aymara, quechua, coya, diaguita y lickanantai, generando el desplazamiento de sus comunidades desde las zonas andinas hacia las grandes ciudades ubicadas en los valles y en la costa. En el caso del pueblo mapuche, en particular laexpansión de la industria forestal y de megaproyectos hidroeléctricos, ha impactado fuertemente en el deterioro de la calidad de sus tierras y derivado en acciones de protesta social que ha sido criminalizada por el Estado con el uso de leyes espaciales, como la cuestionada ley antiterrorista, que ha permitido la encarcelación de comuneros mapuche, incluidas autoridades tradicionales, basadas en pruebas con testigos sin rostro por prolongados periodos de tiempo, que llevaron a la condena del Estado de Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, los derechos de participación política de los pueblos indígenas se encuentran gravemente postergados, los que ha derivado en que no posean representantes en instancias como el Parlamento, ni un sistema de cuotas como existe en otros países con alta población indígena. Tampoco su derecho a la consulta previa ha sido garantizado, por el contrario, se les han impuesto decretos inconsultos con bajos estándares para normarla y así procurar destrabar proyectos extractivos en sus territorios que vienen siendo impugnados ante por estos pueblos ante los tribunales de justicia. Siendo relevante destacar, que frente a proyectos de gran envergadura, de acuerdo al derecho internacional, procede no solo la consulta, sino también el consentimiento previo, libre e informado de estos pueblos. Y que la adopción del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, siguiendo las directrices de los Principios Rectores de Naciones Unidad en la materia, representan nuevos desafíos para la relación entre estos pueblos el Estado, y el deber de este último de garantizar los derechos humanos en contextos de inversiones privadas y estatales.

Estas causas que están a la base del conflicto y que juntas permiten entender la escalada que ha adquirido, no solo impactan en los pueblos indígenas sino también en el conjunto de la población en las regiones donde éste se ha suscitado, con serías implicancias para el país y una convivencia intercultural armoniosa que deben hacer atendidas de modo urgente y prioritario.