La relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, marcada en particular por la conflictividad en la zona centro sur del país, en territorio ancestral del Pueblo Mapuche, lejos de avanzar hacia mejores formas de relacionamiento, donde se promuevan, garanticen y reconozcan los derechos de estos pueblos, se ha agudizado y escalado a grados altamente preocupantes.

Las causas -históricas y presentes- que originan esta conflictividad vienen siendo denunciadas en Chile por distintas organizaciones de derechos humanos e indígenas. Asimismo, representadas a nivel internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por diversas relatorías especiales y órganos de tratado de Naciones Unidas, quienes han formulado recomendaciones al Estado chileno para su superación, entre ellas, la necesidad de otorgar prioridad a la instauración de un diálogo político nacional que cuente con una amplia participación de todos los actores involucrados, con enfoque multidimensional y recursos adecuados^[1].

Entre las causas histórica de este conflicto, se encuentra el despojo territorial del que han sido objeto estos pueblos por parte del Estado tras su conformación, y de forma más reciente, la criminalización de su protesta social, en particular del Pueblo Mapuche, la que ha incluido el uso de ley antiterrorista en su contra^[2], una situación que persiste hasta hoy no obstante el compromiso contraído bajo la administración de Bachelet de no invocarla y de reformular su contenido, ante los amplios cuestionamientos internacionales que ha concitado su aplicación. Al respecto, sea hace importante a su vez destacar la sentencia condenatoria al Estado de Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación y faltas del debido proceso en tres casos agrupados por juicios seguidos en contra de comuneros mapuche con invocación a dicha ley especial, cuyas resoluciones son obligatorias, sin que se le haya dado cabal cumplimiento a la fecha.

Asimismo, de alta preocupación es la militarización del territorio mapuche y la extrema violencia ejercida sin orden judicial por las policías en allanamientos a sus comunidades, con especial afectación a mujeres y niños, además del asesinato de personas mapuche que han quedado en la impunidad tanto en la justicia militar como en la justicia penal ordinaria.

Otro factor reciente que tensiona este escenario de creciente conflictividad, es el explosivo aumento de proyectos extractivos y de generación eléctrica de gran escala que se instalan territorios indígenas, ello sin procesos de consulta previa, sin participación en los beneficios que estos proyectos generan y sin compensación por daños como establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado y vigente en Chile. Más aún, estos procesos de consulta, cuando han existido, se han regido por los decretos impuestos por la administración anterior del Presidente Piñera sin su participación y consulta, normando -con estándares rebajados- la consulta indígena en lo general y en el marco de la evaluación ambiental, esto último básicamente para destrabar proyectos extractivos que venían siendo recurridos ante los tribunales de justicia por las comunidades afectadas. Si bien el gobierno de Bachelet se comprometió durante su examinación ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) a modificar estos decretos, su mandato concluyó sin que esto se concretara, con un alto impacto en los territoriales de los pueblos indígenas y sobre los recursos naturales que en ellos se encuentran.

Finalmente, incide también en esta relación conflictiva el rezago en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como pueblos preexistentes al Estado, entre ellos su derecho a la libre determinación, a sus tierras, territorios y recursos, así como el no reconocimiento a sus propias formas representación y organización para la definición de políticas que les atañen. Lo anterior, es particularmente relevante en el marco del proceso de cambio constitucional –inconcluso- que se llevó adelante en el país, dado que Chile sigue sin reconocer en la Constitución Política la condición multicultural o plurinacional del Estado. Si bien este proceso incluyó lo que se denominó Proceso Constituyente Indígena y un posterior proceso de consulta indígena sobre aspectos específicos, este último fue objeto de cuestionamientos y controversias por parte de pueblos indígenas y llevados incluso ante tribunales.

 Abordaje de la conflictividad desde un enfoque de derechos humanos

 Existen distintas experiencias de abordaje de situaciones de conflictividad entre estados y pueblos indígenas, incluidas varias en América Latina, donde la búsqueda de alternativas de solución ha estado basada en la construcción de procesos de diálogo y acuerdos constructivos para superar las diferencias, desde un enfoque de derechos humanos. Permitiendo, por una parte, superar estos contextos, y por la otra, avanzar en el reconocimiento de derechos de estos pueblos, alentando nuevas formas de convivencia y relación intercultural que se hace urgente impulsar en Chile.

[1] EMMERSON, Ben (2013). En conferencia de prensa para entregar un balance preliminar tras concluir su visita oficial a Chile, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, planteó la necesidad de instaurar “un diálogo político nacional con amplia participación de los actores involucrados, para que Chile avance hacia una solución pacífica del tema mapuche. Deberá ser una prioridad del gobierno entrante (de Michelle Bachelet) el desarrollar este diálogo, con un enfoque multidimensional y recursos adecuados, dándose preferencia al diálogo en lugar de la confrontación. Sin ello, la situación verificada en La Araucanía y Concepción, se podría agravar aún más, sin previo aviso, convirtiéndose en un problema generalizado”.

[2] EMMERSON, Ben (2013). El Relator Espacial analizó también durante su visita la aplicación de la ley antiterrorista en el contexto de las reivindicaciones territoriales del Pueblo Mapuche, formulando las siguientes recomendaciones urgentes: a) la suspensión inmediata del uso de la ley antiterrorista contra manifestación social mapuche; b) la revisión de las condenas ejecutoriadas bajo dicha ley, con el uso de testigos sin rostro como medio de prueba, a fin de que sean juzgados baja la ley penal ordinaria y con garantías al debido proceso; c) y la creación de un órgano independiente para investigar y sancionar hechos de violencia innecesaria por parte de las policías, a fin poner término a la impunidad en que quedan estos actos delictivos.